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SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA

 

 

¿Qué es un seguro de defensa jurídica?

Mediante el seguro de Protección Jurídica, el asegurador se obliga a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro.

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¿Qué diferencia hay entre un seguro de defensa jurídica y uno de protección jurídica?

El seguro de defensa jurídica es el definido en el párrafo anterior, que se corresponde con la definición establecida en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro. El seguro de protección jurídica tiene la misma finalidad, pero una diferencia fundamental: el asegurador tiene derecho a nombrar los Letrados, Procuradores y Peritos, mientras que en el de defensa jurídica, es al asegurado al que le corresponde este derecho. Además, en este último, los profesionales designados no estarán nunca sujetos a las instrucciones del asegurador, estando sujeta a arbitraje cualquier desavenencia que pudiera surgir entre asegurado y asegurador en la interpretación del contrato de seguro.

 

¿Cubren tanto la legitimación activa como pasiva?

 El seguro de defensa jurídica interviene en ambos casos, esto es, tanto cuando el asegurado reclama, como cuando es reclamado. El seguro de protección jurídica también puede hacerlo, pero al no estar sujeto a la regulación del artículo 76, puede delimitar estos ámbitos de la forma en que crea oportuno, esto es, incluyendo uno y excluyendo otro, o viceversa.

 

Puntos a tener en cuenta

Los seguros de defensa jurídica son raramente formalizados por las aseguradoras, ya que la cobertura que otorgan es muy amplia, y la capacidad de control del asegurador frente al siniestro es casi nula. Por ello, es más frecuente encontrar los seguros de protección jurídica, en los que la eficacia del contrato puede ser más controlable por el asegurador, y su intervención en la dirección del siniestro es determinante.

 

En ambos casos, el factor determinante es la suma asegurada que ofrezca el asegurador. Como es lógico, en el seguro de defensa jurídica la suma asegurada da para menos, ya que los honorarios de los profesionales intervinientes son libres, mientras que en el caso de protección jurídica, la suma asegurada da para más, ya que los honorarios de los profesionales elegidos por el asegurador están tasados en base a un baremo muy ajustado previamente aceptado por ambos. Es un caso similar a lo que ocurre con los seguros de salud en las modalidades de libre elección y servicios concertados.